Cincuenta años del golpe de Estado y la política del “Nunca Más” como discurso negacionista de las esferas académicas y comunicacionales de la democracia chilena parida en dictadura

Por María Soledad Núñez Contreras y José Luis Riquelme Salazar

A escasos días de que se cumpla medio siglo, desde que la historia de estos territorios designados como Chile por las elites, diera curso a uno de los acontecimientos más desastrosos del pasado reciente y a la serie de sucesos nefastos para la clase trabajadora, que le han sucedido sin detenciones hasta el presente, tanto el espectro político institucional en su conjunto, como la academia mercantilizada han evacuado profusamente un discurso segado, a través de sus medios de comunicación serviles, que intencionadamente encubre a la clase dominante de este país, disimulando su lugar de causante, ejecutora y culpable en el hecho, y el proceso de abuso y expropiación del que hemos sido objeto como pueblo en estos últimos cincuenta años.

En estas últimas semanas, hemos sido objeto de un bombardeo mediático cuyo principal relato es el mismo de los últimos 33 años. En primer lugar, sitúa los asesinatos, la prisión política y los sistemáticos ultrajes a los Derechos Humanos acometidos por el Estado, exclusivamente en el transcurso de los 17 años de la Dictadura Cívico Militar. Luego, exime de toda responsabilidad a las elites económicas de este país, como las principales fustigadoras del golpe de Estado, proyectando toda esa carga a entidades jerárquicamente inferiores como las Fuerzas Armadas y de Orden que, si bien están bestialmente comprometidas en los crímenes de Estado que se han sucedido en los últimos 50 años, no han hecho otra cosa que responder al mandato de sus patrones de la clase dominante. También, preponderantemente, se ha resaltado la labor de la CIA como actor protagónico en el desenlace de la Unidad Popular, sin embargo, toda intrusión del imperialismo estadounidense se efectuó con el colaboracionismo de las elites locales que, históricamente han mantenido su hegemonía mediante su servilismo al capitalismo que ha colonizado nuestros territorios.

Proponemos que el resultado de toda esta comparsa discursiva es, por un lado, ocultar el hecho de que esta “democracia” que sucedió al Régimen de Pinochet es timoneada por esa misma elite.Luego, aseveramos que es, justamente esa misma elite, el principal estamento involucrado en el Golpe de Estado. Así, ratificamos que el objetivo final de este entramado discursivo hegemónico es disimular bajo el hábito de la democracia recuperada, el hecho irrefutable de que es , precisamente la misma elite que propició el golpe del 11 de septiembre de 1973, la que señorea el modelo democrático fundado a partir de la dictadura militar. Finalmente, para soterrar esta verdad histórica, se sirve del régimen discursivo del “nunca más”, como relato hipócrita acicalado con la túnica de la moral de una democracia parida por la dictadura, que mediante acelerada frecuencia y repetición, pretende imponer la idea de que las barbaridades del Régimen Militar son asunto del pasado, cuando en realidad los cientos de luchadores sociales asesinados y los centenares de presos políticos, invisibilizados con la complicidad de la prensa burguesa, el silencio de los análisis obtusos de una academia de mercado y la responsabilidad de todos los políticos institucionales de este país, dicen otra cosa.

Todos estos estamentos (Prensa, Academia, Políticos Institucionales), conforman una triada servil a las elites dominantes de estos territorios. De este modo, toda alocución tachada de “oficial” ya sea por su respaldo científico, en el caso de los académicos con tribuna en la prensa mediática o en las mercantilizadas revistas académicas, o por ser patrocinada por políticos institucionales en el caso de la verborrea precipitada a millones de receptores, por los medios de comunicación del Estado y empresariado, con la actitud secuaz del periodismo que ahí se ejerce, encubre el hecho irrefutable, de que es justamente esa misma elite instigadora, saboteadora y servil a los intereses del gran capital extranjero, la que comanda esta democracia, defendida transversalmente por la Academia, los políticos institucionales mediante su entramado partidista y los medios de comunicación de alta capacidad mediática.

Procuraremos, a lo largo de esta columna, exponer mediante hechos históricos incontrovertibles, el lugar de la clase dominante como percutora del Golpe de Estado, precursora y responsable de la existencia del modelo “democrático” vigente en Chile. De modo consecuente quedará al desnudo que, la defensa de los intereses de la elite está detrás de todos los crímenes de Estado cometidos en contra de quienes se han opuesto a este modelo de miseria durante los últimos cincuenta años.

Así también, demostraremos que el encubrimiento de esta política sistemática de exterminio y encarcelamiento, de las resistencias a la a la instalación y desarrollo de la consolidación del proyecto de la clase dominante fraguado a partir del Golpe de Estado y consolidado en los 33 años de “democracia”, sitúan, a los políticos institucionales, a la prensa de clase (burguesa) y a la Academia como cómplices de estas fechorías de Estado.

Muchas organizaciones e individualidades de carácter revolucionario, nos hemos quejado enérgicamente por el carácter reformista y extremadamente respetuoso del orden constitucional de la democracia burguesa que poseía Salvador Allende. Pensando, que fueron precisamente esas características, las que, a lo menos, agudizaron la indefensión con la que los sectores revolucionarios y partidarios de la Unidad Popular (UP), enfrentaron el Golpe de Estado. Sin embargo, no es nuestro propósito enfocarnos en este aspecto más que para impugnar aquellos discursos que culpan al Gobierno de la Unidad Popular de precipitar hacia un marxismo radical sin retorno el contexto sociopolítico, como una de las causas del golpe de Estado.

Es necesario desmantelar ciertos discursos embusteros levantados por amplios sectores de la política institucional. Mucho se ha hablado de la visita de 23 días efectuada por Fidel Castro en Chile en 1971. Sin embargo, poco énfasis se le ha otorgado al hecho ampliamente documentado, de que Allende se opuso firmemente a las recomendaciones del comandante cubano de preparar al pueblo para poder consolidar una revolución de verdad. Así, Salvador Allende, lejos de impugnar la democracia, fue demasiado respetuoso de ésta. Entonces, fue la clase dominante el estamento que, bajo pretexto de defender el orden democrático arremetió contra éste, para sepultarlo finalmente, el 11 de septiembre de 1973.

Otra falsedad arrojada a través de la prensa por políticos y la mayor parte de los académicos con tribuna en los monopolios mediáticos de la dominación, es la desastrosa gestión económica y el atentado que el gobierno de la UP habría efectuado en contra de la empresa privada. Sin embargo, por mencionar un ejemplo relevante, el producto interno bruto (PIB) de la construcción en Chile el año 1971, fue de un 14% según el Banco Central, el más alto de nuestra historia, similar al de Brasil, en aquel año y por encima de China (3.2%) e India (3.1%). Además, la empresa privada tenía una participación relevante en el sector. Curiosamente, la clase dominante en el año 1972 propició el sabotaje económico y el desabastecimiento mediante los paros de camioneros. Entonces, fue nuevamente la elite la que, asustada por los avances innegables llevados a cabo por el Gobierno de la UP, instituyó el clima de inestabilidad social que requería para desbancar al gobierno de Allende luego de las elecciones de marzo de 1973. El traspié sufrido en esos comicios obligaría a la clase dominante a patrocinar el golpe de Estado.

Durante los 17 años de dictadura militar la elite golpista sentaría las bases del modelo económico que los gobiernos de estos 33 últimos años se han encargado de consagrar. Es por esta razón, que la política del “Nunca Más” se despliega como dispositivo discursivo funcional a los intereses de la elite y los políticos institucionales de todo espectro, sin excepción, en los gobiernos de postdictadura militar. Les resulta, transversalmente conveniente diferenciar los miles de asesinatos, torturas y desapariciones, la prisión política y el régimen de terror instaurado por la dictadura, para establecer el modelo económico en curso, de los 33 años que le han sucedido.

Sucesivamente, los gobiernos de estos 33 años han pedido perdón y gritado a los cuatro vientos “Nunca Más” cada 11 de septiembre. El mismísimo Patricio Aylwin, fans club del Golpe de Estado, lloró cuando entregaba un incompleto informe de Derechos Humanos ( Informe Rettig), mientras montaba la oficina y los agentes del Estado se encargaban de “pacificar la democracia”, sumando nuevos crímenes de Estado para consolidar el modelo.

En la actualidad, el gobierno de Gabriel Boric procura efectuar un nuevo acuerdo transversal dentro de la institucionalidad que según sus propias palabras asegure que en Chile “Nunca Más” ocurran los crímenes de Estado cometidos por la dictadura de Pinochet. Transversalmente también, todas estas declaraciones de Estado que buscan fechas rimbombantes para ser clamadas son negacionistas. En estos 33 años, solo antes de la Revuelta de Octubre del 19, se contaron cientos de crímenes de Estado con resultado de muerte de luchadores sociales, la prisión política ha sido una constante de los gobiernos “democráticos”. Así, la política del “Nunca Más”, lejos de ser una intención de Estado, es más bien un dispositivo de silenciamiento y ocultamiento de algo que ha seguido ocurriendo hasta la actualidad, con el fin de proteger los intereses y el modelo instalado por esa misma elite golpista de 1973.

El Gobierno actual mantiene cientos de presos políticos, tanto de la Revuelta, Mapuche, subversivos, anarquistas y de larga condena. El negacionismo de Boric colinda con el descaro cuando condena la prisión política de otros pueblos hermanos que no han abrazado el capitalismo extremo que hoy él defiende. Cuando Boric, dice “Nunca Más” se burla de los más de 55 asesinados y asesinadas por agentes de Estado en la Revuelta. Por supuesto, para seguir mintiendo y engañando a las masas utilizan los medios de comunicación que pertenecen a grandes conglomerados internacionales o a las mismas elites que propiciaron el golpe de Estado. Son las clases dominantes, precisamente, las que están felices con estos cincuenta años de ultrajes a la clase trabajadora.

Definitivamente, la política discursiva institucional del “nunca más”, pretende por un lado distinguir los crímenes de Estado cometidos en la dictadura militar, con fechorías de carácter similar ejecutados por todos los gobiernos de postdictadura hasta la actualidad, ocultando los de estos últimos 33 años bajo la moral oscura de la defensa de una democracia instrumentalizada por el modelo parido por la dictadura de Pinochet. Así, cada vez que un político, un académico o un periodista apela a esta discursividad en nombre de la defensa de esta democracia, está sepultando intencionadamente en un pasado de más de tres décadas crímenes que han seguido sucediendo en la denominada democracia. Todo, en nombre de mantener los privilegios otorgados por el modelo de saqueo instalado a partir del golpe de Estado de 1973 por la clase dominante. Así, podemos comprender por qué nadie menciona el quiebre institucional como un problema de clase, pues esto dejaría al desnudo que la elite golpista y fundadora de este modelo es la misma clase dominante que hoy fomenta la criminalización de la protesta social en nombre de la “democracia”. Democracia, que derribó en 1973 y defiende resueltamente hoy, por la que garantiza sus saqueos y privilegios.

Para los sectores políticos revolucionarios que anhelan una transformación radical de este modelo de miseria, la historia de estos últimos cincuenta años deja advertencias que deben ser traducidas en principios intransables con el objetivo de no repetir tropiezos anteriores. Confiar en los circuitos electorales de esta democracia fundada por la dictadura es un error cometido en numerosas ocasiones desde aquel marzo de 1973 en el que la Unidad Popular aumentaba significativamente el porcentaje de sufragios a su favor.

Recientemente, hemos sido testigos del modo en que los políticos institucionales transversalmente sepultaban el ímpetu revolucionario de la Revuelta, entibiándola a partir del Acuerdo de Paz del 15 de noviembre de 2019 y durmiéndola en una disputa electoral que llevó a un callejón sin salida los anhelos del pueblo rebelado. Así, lo que nos queda por delante es seguir apostando a una mayor articulación de las organizaciones e individualidades revolucionarias con la seguridad de que cada paso que damos como pueblo no es inocuo para el sistema dominante. Por esa razón, evacuaron con rapidez desde todo el espectro político institucional leyes represivas y solo así se entiende la militarización del Wallmapu, la prisión política y la recientemente implementada ley gatillo fácil que otorga rienda suelta a los agentes del Estado.

Finalmente, para que realmente no se repitan Nunca Más los crímenes de Estado sucedidos interminablemente en estos últimos cincuenta años es necesario deponer el modelo fundado a partir del 11 de septiembre de 1973, destituyendo del poder a la clase dominante y al vasallaje que constituyen hoy todos los partidos políticos serviles al modelo. Sólo en ese momento, el pueblo sentenciará enérgicamente ¡NUNCA MÁS!

María Soledad Núñez Contreras y José Luis Riquelme Salazar: Investigadores  chilenos en Historia, militantes del Colectivo Octubre Combativo.