Nuevo intento de Golpe de Estado y desestabilización en Bolivia

Por Maddalena Celano

El nuevo pretexto: el censo de población. Una marcha oficial se enfrentó a los huelguistas que paralizaron la ciudad de Santa Cruz durante 21 días, para exigir un censo anticipado. El gobierno no cedió y fijó el censo para marzo de 2024.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció en la medianoche del pasado viernes 11 de noviembre  que el censo de  población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024 y que la distribución de los recursos tendrá lugar en septiembre de ese mismo año. Inicialmente, el censo estaba fijado para el próximo mes de septiembre, pero el pasado mes de julio el Gobierno lo pospuso a 2024, debido a problemas técnicos y a la necesidad de obtener «datos de calidad», y en pro de la “despolitización» del proceso.

El último censo que se realizó en Bolivia fue en 2012, y las leyes del país estipulan que esta «consulta» debe realizarse cada 10 años. «Quiero anunciar dos decisiones, la primera, el censo nacional de población y vivienda tendrá lugar el 23 de marzo de 2024, la segunda, basada en los resultados preliminares, la distribución de recursos se hará en septiembre del mismo año», dijo el presidente Luis Arce.

La decisión del presidente se anuncia en el 21º día de huelga indefinida en el departamento de Santa Cruz, motor económico del país, que lidera las medidas de presión con el objetivo que el censo se adelante a 2023 y que sus datos se apliquen en 2025, año en el que en el que están previstas las elecciones presidenciales.

El presidente recordó que tras recibir las recomendaciones de la comisión técnica, que trabajó durante cuatro días, en la ciudad amazónica de Trinidad, con «la voluntad inalienable de apuesta por el diálogo» y con la «responsabilidad» que le han encomendado los bolivianos en octubre de 2020, se determina que el censo debe realizarse en el primer trimestre de 2024.

Actos de desestabilización

El presidente afirmó que, «una vez más, el país se ha visto amenazado por intentos desestabilizadores por parte de algunas personas que pretenden alterar el orden democrático». «Un acto técnico, como un censo, en ningún otro país del mundo se habría convertido en un ‘pretexto político pretexto político’ para desestabilizar a un gobierno», dijo refiriéndose al conflicto por el censo en Santa Cruz.

El mandatario convocó a «todas las corrientes democráticas» en el país o «las que existen dentro el Comité Interinstitucional (de Santa Cruz) para frenar el camino de la violencia que intenta romper el orden constitucional». «Lamentablemente, se insistió en un paro cívico en el departamento de Santa Cruz, que en 21 días ha causado la muerte de cuatro personas y cientos de heridos» y «enormes daños a la economía» buscando «una escalada de la violencia racista», señaló Arce.

De hecho, el conflicto sobre el censo ya ha provocado varios fallecidos, heridos y detenidos, periodistas golpeados, saqueos e incluso el incendio de la sede de la Federación Unida de Trabajadores Rurales de Santa Cruz, entre otras instituciones. Las oficinas del Federación de Campesinos de Santa Cruz, vinculados al partido de gobierno, fueron quemadas por manifestantes de la oposición al gobierno.

Como se puede predecir fácilmente, esta huelga tiene como objetivo principal afectar  la economía del país y crear malestar en toda la población, para pedir un cambio de gobierno.  Esta es una de las técnicas más utilizadas: obstruir las carreteras para impedir la circulación de los ciudadanos y el transporte de mercancías y, por tanto, vaciar las oficinas, todos los lugares de trabajo, mercados y supermercados. La intención es clara: atacar y debilitar al gobierno de izquierda de Luis Arce.

Algunos de los manifestantes progubernamentales han desbloqueado algunas carreteras y autopistas donde los huelguistas han cerrado al acceso de peatones y vehículos, durante unos 21 días. Así mismo habría que recordar que Santa Cruz está controlada por la antigua derecha golpista que  llevó al poder a la racista y clasista Jeanine Añez mediante un violento golpe militar en 2019 que derrocó al presidente Evo Morales. La región de Santa Cruz, está controlada por la oposición «burguesa» (la oposición más «burguesa»  es una de la zonas más ricas de la región y está  vinculada a las finanzas internacionales.

Un gobernador golpista

El gobernador de Santa Cruz es Luis Fernando Camacho, el ‘hombre de la extrema derecha que en 2019 organizó y participó en el golpe de Estado ‘apadrinando’ a la golpista Añez. Un oligarca, fundamentalista religioso, educado en España y cercano a los sectores franquistas, históricamente hostil a Evo Morales, a los campesinos y a las comunidades indígenas. Camacho ha basado toda su carrera política en la «provocación», en el autoritarismo militarista y religioso, y en el apoyo que le ha proporcionado Estados Unidos. Camacho es  un experto en «provocaciones», con una y de la propaganda de la CNN norteamericana que es el arma (contundente) con la que los liberales-atlantistas (incluidos muchos de nuestros «izquierdistas») siguen tratando de socavar la «nueva avalancha roja» que se esparce por  latinoamericana.

Maddalena Celano: escritora italiana, especialista en temas e historia latinoamericana.

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