Chile: balance a un año de gobierno de Gabriel Boric
Por Leonardo Parrini
En un balance, al cumplir el 11 de marzo un año el gobierno de Gabriel Boric en Chile, los avances en doce meses de gestión son significativos en programas sociales y medidas oficiales de democratización del país. Una de las medidas sobresalientes del Gobierno de Boric dice relación con la instalación de reformas estructurales y alrededor de 200 medidas en beneficio de la gente, mientras se acentúa el obstruccionismo de la derecha y la extrema derecha.
El presidente Boric instaló en el Congreso proyectos de reforma tributaria y de pensiones, buscando aumentar sustantivamente los recursos financieros para planes sociales y elevar los montos de las jubilaciones, ambas medidas que beneficiarán a varios millones de chilenas y chilenos.
De cara a los próximos meses, en el ámbito laboral se espera la aprobación de la jornada de trabajo semanal de 40 horas que, según observadores, apunta a un mejoramiento en la calidad de vida para millones de trabajadoras y trabajadores, con efecto positivo en la productividad. Esta medida se suma a logros como la fijación del salario mínimo en 410 mil pesos y medidas en cuanto al cumplimiento de contratos colectivos y seguridad laboral.
En el campo social, el Gobierno puso en marcha un plan de 2 mil millones de dólares para ayuda al sector vulnerable de la población, dando cuenta del proceso inflacionario, el alza del costo de la vida y las necesidades de cientos de miles de familias a lo largo del país.
En el orden económico, el régimen chileno en los últimos doce meses tomó medidas, entre otras, como aumentar al doble el Aporte Familiar Permanente (Bono Marzo), aumentar y ampliar la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF), concretar la extensión de las postulaciones al IFE Laboral y Subsidio Protege, concretar convenios para rebajar el precio de los medicamentos, Copago Cero en la Red Pública de Salud, progresos en la reducción de listas de espera en el sistema de salud, ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y aumento de la BAES, reforzamiento del fondo de garantías para créditos en el sector de la construcción, congelamiento del alza en el transporte.
Además, en la coyuntura reciente el gobierno adoptó apoyos concretos para damnificados por incendios forestales este año como el pago del Bono de Recuperación y subsidio laboral, instalación de una hoja de ruta en materia de seguridad pública con cinco ejes fundamentales, anuncio de trabajos para el tren Valparaíso-Santiago y fortalecimiento de la red ferroviaria nacional, paquete de 7 medidas que significó el gasto de 2 mil millones de dólares para beneficiar al 60% más vulnerable de la población, puesta en marcha el proyecto Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), reajuste del 12% para empleados del sector público, avance en la entrega de miles de viviendas, aumento en más del 4% en el presupuesto de gasto público, implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Desde La Moneda, casa del Gobierno chileno, se informó que “el clima dentro del Gobierno es el de actualizar nuestra promesa, renovar nuestro compromiso”. Desde el régimen de Boric el Gobierno se ha planteado que se continuará con los objetivos trazados en el programa oficial.
Respuesta de la oposición
La oposición al régimen de Boric enmarcada en los linderos de la derecha política en alianza con la ultraderecha, en estos doce meses ha jugado un evidente “rol obstruccionista”, con el ánimo y acciones destinadas a entorpecer la labor del Congreso, como en otros espacios institucionales y políticos en temas que fueron más allá de diferencias políticas o de gestión.
Como muestra está el rechazo de los partidos del conglomerado “Chile Vamos” junto al ultraderechista Partido Republicano, en cuanto a seguir el trámite legislativo normal de la reforma de pensiones, con indicaciones y análisis, planteando que van a presentar un proyecto propio y exclusivo; los anuncios y opiniones de que “toda la reforma tributaria es mala”, amenazando con votar en contra de la iniciativa en general; colocar cortapisas al proyecto de reducción a 40 horas de la jornada laboral semanal; retirarse de la mesa de seguridad pública y cerrarse a participar en espacios institucionales transversales para abordar este tema y soluciones, entre otras posturas definidas desde el oficialismo como obstruccionistas. Desde la oposición indican que son proyectos que “van en la dirección equivocada”.
A eso se suman las declaraciones de personeros de la derecha negándose a aplicar impuestos a los súper ricos, defendiendo el funcionamiento de las Isapres y planteando la continuidad de la industria privada de pensiones con las AFP a la cabeza, sólo realizando algunas modificaciones.
En los meses recientes, los partidos de derecha y extrema derecha pretendieron usar la acusación constitucional como una herramienta de desestabilización y ataque al Gobierno -en lo que fracasaron-, al tiempo que incubaron la instalación mediática de un Gobierno inexperto, desprolijo, mediocre, a partir de situaciones puntuales que no comprometían toda la gestión gubernamental.
En estos doce meses se hizo costumbre en la oposición patear la mesa, retirarse de espacios de diálogo, amenazar con salirse de diseños comunes, pedir renuncias de altas autoridades, e incluso en un momento amenazaron con retirarse del proceso constitucional si las reglas no coincidían con sus planteamientos.
Estas posturas se ven reforzadas con el dato de que la oposición tiene prácticamente la mitad de los votos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados y que han estado potenciando el resultado del plebiscito del año pasado en que se rechazó la propuesta constitucional.
Desafíos del gobierno
El régimen chileno enfrenta desafíos propios de la gestión y vinculados a la oposición proveniente desde diversos sectores sociales. No obstante el apoyo con el que llegó Boric al poder -el 55,9 % de los votos en el balotaje, venciendo a José Antonio Kast (44,1 %)- las encuestas han mostrado un bajo desempeño respecto a la aprobación de su Gobierno. Una última encuesta CADEM (marzo) mostró un 35 % de aprobación, su mejor resultado tras el plebiscito.
Existen factores, según observadores, que explican la situación, tales como: errores comunicacionales que afectaron la legitimidad del Gobierno. Entre estos se encuentran acusaciones falsas hacia el Gobierno anterior por parte de la entonces ministra del Interior y debilidad en anuncios de medidas. Indulto a un grupo de personas capturadas durante el estallido social, que tenían antecedentes, lo cual desató una crisis que llevaron al reemplazo de la ministra de Justicia y a la ruptura de la Mesa de Seguridad con la oposición. Se suma el rechazo en el Congreso a la reforma tributaria, lo cual deja sin financiamiento buena parte del paquete de transformaciones que busca promover el Gobierno.
Existe un foco conflictivo que es la delincuencia y la sensación de inseguridad. Al respecto, el Gobierno ha materializado avances como, por ejemplo, la disminución de cantidad de hogares víctimas de delitos y se redujo la violencia rural en la Araucanía. A su vez, se anunció una política nacional contra el crimen organizado y la creación del Ministerio de Seguridad
Proceso constituyente
El proceso constituyente ha sido, sin duda, el mayor desafío del presidente Boric, puesto que no logró transferir la histórica votación de diciembre de 2021 al plebiscito de septiembre de 2022, por lo que, en concordancia con los sondeos previos, la propuesta presentada por la Convención Constitucional fue rechazada. Este hecho marco un giro en el rumbo del Gobierno, lo cual significó un crecimiento de la oposición con la consecuente limitación de las posibilidades de transformación, obligando al Gobierno a ampliar los puentes con el Socialismo Democrático y a renovar las relaciones con el Congreso.
En el parlamento, al cabo de tres meses se logró alcanzar un Acuerdo Político para dar continuidad al proceso constituyente, fijándose las bases temáticas en torno a la existencia de una Comisión Experta, Comité de Admisibilidad y Consejo Constitucional) que compondrán el nuevo intento constitucional. La Comisión experta tiene tres meses para redactar una nueva Constitución, desde el 6 de marzo. El gobierno elaboró un documento de acuerdo con 5 ejes para la discusión en la Comisión: Estado social y democrático de derecho, institucionalidad democrática, desarrollo económico sustentable, igualdad de género y agenda anticorrupción.
El futuro
En cuanto a la continuidad del proceso constitucional, es preciso prever cómo será el diálogo entre oposición y Ejecutivo, y el desempeño gubernamental y su relación con movimientos sociales y partidos que serán clave para el resultado final. En el futuro inmediato se prevén nuevos proyectos de ley en materia de género, seguridad, litio y educación, los cuáles el gobierno deberá tratar con inteligencia política y vocación negociadora, si quiere garantizar la tramitación favorable en el Congreso.
Políticamente este año es clave, en septiembre se cumplen 50 años del golpe cívico-militar, por lo que el Gobierno debe ser estratégico en sus acciones para no distanciarse de su electorado ni tensionar la relación con la oposición. Al respecto, según observadores, la narrativa que se viene construyendo apunta al “valor de la democracia, respeto a los Derechos Humanos, enfoque en materia de memoria y reparación”, así como sostener diálogos con grandes liderazgos mundiales.
Con todo, no es aventurado afirmar que el balance de estos primeros meses ofrece razones «para ser optimistas» acerca de la voluntad del gobierno de Gabriel Boric de recuperar la política para las mayorías y de consolidar un camino de superación del neoliberalismo.
En Chile está en juego la democratización del país, hacer un nación más incluyente, y los proyectos de cambio deben apuntar en esa dirección en momentos como el que atravesamos en la región sudamericana, en que la salida de la crisis global es disputada por proyectos autoritarios y conservadores de extrema derecha y por alternativas de profundización democrática y de reconstrucción de derechos, lo que está ocurriendo en Chile puede convertirse en un ejemplo para el mundo.
Leonardo Parrini: periodista. Fotógrafo. Director-Editor de la revista digital LAPALABRABIERTA. Colaborador de las revistas ROCINANTE y BABIECA (Campaña de Lectura Eugenio Espejo). Conductor del programa La Oreja Libertaria, Radio Pichincha 95.3 FM. Autor de los libros La hora del lobo (2000), Decapitar a la Gorgona: ¿la corrupción, una moral de la crisis? (2001), Eva sin paraíso (2003), Diálogo comunitario en democracia (2013), Égüez. La memoria insumisa (2016), Escritos en clave morse (2018), Retrato Íntegro, testimonio vital (2019), El canto de todos (2022). Ha colaborado en Revista Diners como comentarista de obras literarias.