Desde Nueva York, donde un presidente legítimamente electo aguarda juicio en condiciones que muchos consideran un secuestro internacional, se desvela un patrón de contradicciones e hipocresías que van mucho más allá del caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Los acontecimientos de las últimas semanas han convertido lo que se presentó como una operación antidrogas en una confesión involuntaria sobre las verdaderas intenciones detrás del asalto a la soberanía venezolana.
La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará marcada en la historia de América Latina como un momento de ruptura. Fuerzas especiales estadounidenses irrumpieron en Caracas, ejecutaron bombardeos en puntos estratégicos como Fuerte Tiuna, y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La operación, bautizada con el cínico nombre de «Determinación Absoluta», culminó con el traslado de la pareja presidencial al buque USS Iwo Jima y posteriormente a suelo estadounidense, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo.
La justificación inicial parecía clara: Maduro era presentado como el líder del llamado «Cartel de los Soles», una organización recientemente designada como terrorista por Washington. Sin embargo, ese edificio narrativo comenzó a resquebrajarse casi de inmediato.
El cartel fantasma: Una acusación que se evapora en los tribunales
Lo más revelador sucedió en los pasillos de la justicia, no en los campos de batalla. El Departamento de Justicia estadounidense, al presentar la imputación formal contra Maduro, realizó un cambio lingüístico crucial que desarma la retórica bélica de la Casa Blanca.
La transformación de la acusación
- Del «cartel» al «sistema»: La acusación original de 2020 mencionaba el «Cartel de los Soles» 32 veces y señalaba a Maduro como su líder. La nueva imputación, presentada tras la captura, apenas lo menciona dos veces, describiéndolo ahora como un «sistema de clientelismo» en lugar de una organización criminal estructurada.
- Ausencia en los informes clave: Ni la Evaluación Nacional Anual de la Amenaza de las Drogas (DEA) ni el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU han incluido jamás al «Cartel de los Soles» como una entidad verificable. Expertos legales señalan que este cambio responde a una necesidad práctica: en un tribunal, las acusaciones requieren pruebas, algo que la administración Trump no parece tener para sustentar su narrativa de un cártel dirigido desde el Palacio de Miraflores.
Este retroceso judicial contrasta violentamente con las declaraciones incendiarias del presidente Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, quienes continúan repitiendo la acusación ya desdibujada por sus propios fiscales. Es la primera gran inconsistencia: se libra una guerra y se secuestra a un jefe de Estado basándose en una figura retórica que ni siquiera los acusadores se atreven a sostener ante un juez.
El reconocimiento involuntario: La oposición sin apoyo y el petróleo en primer plano
La máscara se cayó por completo cuando, tras la captura, Trump fue interrogado sobre el futuro político de Venezuela. Al preguntársele si María Corina Machado, la figura opositora que su administración había señalado como legítima ganadora de las elecciones de 2024, gobernaría el país, su respuesta fue reveladora.
Así afirmó Trump, prefiriendo en su lugar avalar a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta chavista que asumió el cargo tras la captura de Maduro. En una sola frase, el presidente estadounidense desestimó a la oposición que durante años había promovido y admitió tácitamente lo que las calles venezolanas mostraban: no ha habido una sola manifestación masiva a favor de la intervención estadounidense o de las figuras opositoras, mientras miles salieron a pedir la liberación de Maduro.
El verdadero objetivo emergió sin pudor. En sus redes sociales, Trump publicó una imagen en la que se autoproclamaba «presidente de Venezuela» y declaró que su equipo era quien «gobierna el país y decide sobre sus recursos». La retórica sobre la democracia y las drogas fue reemplazada por un lenguaje de apropiación. Se acusó a Maduro de usar petróleo «robado», cuando la nacionalización de este recurso data del gobierno de Carlos Andrés Pérez, mucho antes del chavismo, y es un pilar de la soberanía económica venezolana.
La desesperación económica versus las acusaciones de enriquecimiento
La narrativa fabricada por los medios alineados con Washington ha intentado, una vez más, personalizar y criminalizar una decisión de Estado desesperada. Se ha difundido insistentemente la acusación de que Nicolás Maduro poseía una cuenta personal en Suiza con 127 toneladas de oro, pintando un cuadro de enriquecimiento ilícito y corrupción desmedida. Esta afirmación, sin embargo, es una distorsión flagrante de la realidad, que ignora por completo el contexto de asedio económico y la naturaleza de estas transacciones, confirmada por las propias autoridades suizas.
La verdad es que ese oro nunca fue personal. Perteneció siempre y en todo momento al Banco Central de Venezuela, constituyendo una parte de las reservas internacionales de la nación. Las transferencias realizadas entre 2012 y 2017 fueron operaciones legítimas del Estado venezolano, no movimientos de cuentas privadas. Calificarlas de otra forma no es un error periodístico; es una manipulación intencionada.
¿Por qué hizo esto el Estado venezolano? La respuesta no se encuentra en la avaricia, sino en la desesperación inducida. Este fue un acto de supervivencia económica extremo, ejecutado cuando el país se encontraba al borde del colapso financiero. Los ingresos petroleros se habían desplomado y un bloqueo financiero implacable, liderado por Estados Unidos y sus aliados, estrangulaba cualquier posibilidad de refinanciar una deuda nacional que ascendía a 170.000 millones de dólares. El gobierno se enfrentaba a una elección imposible: ver cómo el país quebrata, con consecuencias humanitarias incalculables, o utilizar sus últimos activos para intentar salvarlo.
Así, ese oro se utilizó para lo que siempre debieron ser las reservas de un país: proteger a su pueblo. Una parte se vendió para generar liquidez urgente, destinada a importar alimentos y medicinas en medio de una crisis agudizada por las sanciones. Otra parte se empleó como garantía para obtener préstamos, en un último esfuerzo por mantener a flote los servicios básicos y la economía nacional. En lugar de reconocer esta cruda realidad de un Estado bajo asedio, la maquinaria propagandística lo transforma en un cuento de riqueza personal, vaciando de significado el sufrimiento colectivo del pueblo venezolano.
Un patrón de contradicciones que delata el motivo real
La historia que se está escribiendo desde Caracas hasta Nueva York es la de una intervención cuyos pretextos originales —la lucha contra las drogas, la restauración de la democracia— han sido abandonados incluso por quienes los enunciaron.
- Primero fue un cártel, luego un «sistema»: La acusación central que justificó la designación como terrorista y la intervención militar se diluyó en los documentos judiciales.
- Primero una oposición legítima, luego «sin apoyo popular»: Los candidatos opositores que según Washington ganaron las elecciones son ahora desechados por el propio Trump, quien prefiere negociar con el chavismo.
- Primero la democracia, luego el petróleo: El discurso inicial ha dado paso a proclamas abiertas sobre el control de los recursos y bloqueos económicos que castigarán principalmente a la población civil.
La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores no es el capítulo final de una lucha contra el narcotráfico. Es el prólogo descarnado de una nueva y peligrosa doctrina: la del poder que se arroga el derecho de secuestrar presidentes, reescribir narrativas a su conveniencia y apropiarse de los recursos de naciones soberanas, todo mientras la justicia se adapta como un guante a la voluntad del más fuerte. El silencio atronador que sigue a estas contradicciones habla más fuerte que cualquier acusación.