Cortesía de elciudadano.com
La operación militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, ha desatado una tormenta política en Washington. Miembros clave del Congreso, tanto demócratas como republicanos, han calificado la acción como «ilegal» y una violación flagrante de la Constitución, al ejecutarse sin la autorización legislativa requerida. Según un reporte de TheNation.com, la administración Trump no consultó a los líderes de los comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes antes del ataque, generando una furia bipartidista y promesas de acciones correctivas inmediatas.
El senador demócrata Tim Kaine, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, fue categórico en declaraciones a NPR, citadas por TheNation.com: «Una invasión estadounidense a Venezuela para derrocar a su presidente y arrestarlo es ilegal». Sostuvo que el ataque representa «un regreso a una época en la que Estados Unidos se atribuía el derecho a dominar los asuntos internos de todas las naciones del hemisferio occidental». Advirtió sobre un peligroso precedente: «¿Desplegará el presidente nuestras tropas para proteger a los manifestantes iraníes? ¿Para hacer cumplir el frágil alto el fuego en Gaza?… Trump ha amenazado con hacer todo esto y más, y no ve la necesidad de solicitar autorización legal».
La acusación de mentiras y el quebranto del proceso constitucional
La ira en el Capitolio se vio exacerbada por las acusaciones de que altos funcionarios de la administración mintieron deliberadamente al Congreso sobre sus intenciones. El senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey y exasesor de seguridad nacional de Obama, acusó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un comunicado reportado por The New York Times: «Los secretarios Rubio y Hegseth miraron a todos los senadores a los ojos hace unas semanas y dijeron que no se trataba de un cambio de régimen… ahora vemos que mintieron descaradamente al Congreso». Kim argumentó, en la declaración, que Trump rechazó el proceso constitucional «porque la administración sabe que el pueblo estadounidense rechaza abrumadoramente los riesgos de arrastrar a nuestra nación a otra guerra».
El representante James Walkinshaw, demócrata por Virginia, fue aún más contundente al resumir la acción en declaraciones a TheNation.com: «La guerra de cambio de régimen de Trump en Venezuela es totalmente ilegal y una traición más a los compromisos que asumió con el pueblo estadounidense. Dijo que no habría ‘nuevas guerras estúpidas’. Está iniciando nuevas guerras estúpidas».
Esta sensación de engaño fue compartida por el representante Mark Pocan, quien, según TheNation.com, advirtió que el presidente «ha ignorado la Constitución» y que su actuación «continúa degradando el estado de derecho».
Escepticismo y la sombra del derecho internacional
Las críticas no se limitaron al partido demócrata. Inicialmente, el senador republicano Mike Lee expresó públicamente su preocupación constitucional en redes sociales, como reportó TheNation.com: «Espero saber qué, si hay algo, podría justificar constitucionalmente esta acción en ausencia de una declaración de guerra o autorización para el uso de la fuerza militar».La operación militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, ha desatado una tormenta política en Washington. Miembros clave del Congreso, tanto demócratas como republicanos, han calificado la acción como «ilegal» y una violación flagrante de la Constitución, al ejecutarse sin la autorización legislativa requerida. Según un reporte de TheNation.com, la administración Trump no consultó a los líderes de los comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes antes del ataque, generando una furia bipartidista y promesas de acciones correctivas inmediatas.
El senador demócrata Tim Kaine, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, fue categórico en declaraciones a NPR, citadas por TheNation.com: «Una invasión estadounidense a Venezuela para derrocar a su presidente y arrestarlo es ilegal». Sostuvo que el ataque representa «un regreso a una época en la que Estados Unidos se atribuía el derecho a dominar los asuntos internos de todas las naciones del hemisferio occidental». Advirtió sobre un peligroso precedente: «¿Desplegará el presidente nuestras tropas para proteger a los manifestantes iraníes? ¿Para hacer cumplir el frágil alto el fuego en Gaza?… Trump ha amenazado con hacer todo esto y más, y no ve la necesidad de solicitar autorización legal».
La acusación de mentiras y el quebranto del proceso constitucional
La ira en el Capitolio se vio exacerbada por las acusaciones de que altos funcionarios de la administración mintieron deliberadamente al Congreso sobre sus intenciones. El senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey y exasesor de seguridad nacional de Obama, acusó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un comunicado reportado por The New York Times: «Los secretarios Rubio y Hegseth miraron a todos los senadores a los ojos hace unas semanas y dijeron que no se trataba de un cambio de régimen… ahora vemos que mintieron descaradamente al Congreso». Kim argumentó, en la declaración, que Trump rechazó el proceso constitucional «porque la administración sabe que el pueblo estadounidense rechaza abrumadoramente los riesgos de arrastrar a nuestra nación a otra guerra».
El representante James Walkinshaw, demócrata por Virginia, fue aún más contundente al resumir la acción en declaraciones a TheNation.com: «La guerra de cambio de régimen de Trump en Venezuela es totalmente ilegal y una traición más a los compromisos que asumió con el pueblo estadounidense. Dijo que no habría ‘nuevas guerras estúpidas’. Está iniciando nuevas guerras estúpidas».
Esta sensación de engaño fue compartida por el representante Mark Pocan, quien, según TheNation.com, advirtió que el presidente «ha ignorado la Constitución» y que su actuación «continúa degradando el estado de derecho».
Escepticismo y la sombra del derecho internacional
Las críticas no se limitaron al partido demócrata. Inicialmente, el senador republicano Mike Lee expresó públicamente su preocupación constitucional en redes sociales, como reportó TheNation.com: «Espero saber qué, si hay algo, podría justificar constitucionalmente esta acción en ausencia de una declaración de guerra o autorización para el uso de la fuerza militar».
La operación militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, ha desatado una tormenta política en Washington. Miembros clave del Congreso, tanto demócratas como republicanos, han calificado la acción como «ilegal» y una violación flagrante de la Constitución, al ejecutarse sin la autorización legislativa requerida. Según un reporte de TheNation.com, la administración Trump no consultó a los líderes de los comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes antes del ataque, generando una furia bipartidista y promesas de acciones correctivas inmediatas.
El senador demócrata Tim Kaine, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, fue categórico en declaraciones a NPR, citadas por TheNation.com: «Una invasión estadounidense a Venezuela para derrocar a su presidente y arrestarlo es ilegal». Sostuvo que el ataque representa «un regreso a una época en la que Estados Unidos se atribuía el derecho a dominar los asuntos internos de todas las naciones del hemisferio occidental». Advirtió sobre un peligroso precedente: «¿Desplegará el presidente nuestras tropas para proteger a los manifestantes iraníes? ¿Para hacer cumplir el frágil alto el fuego en Gaza?… Trump ha amenazado con hacer todo esto y más, y no ve la necesidad de solicitar autorización legal».
La acusación de mentiras y el quebranto del proceso constitucional
La ira en el Capitolio se vio exacerbada por las acusaciones de que altos funcionarios de la administración mintieron deliberadamente al Congreso sobre sus intenciones. El senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey y exasesor de seguridad nacional de Obama, acusó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un comunicado reportado por The New York Times: «Los secretarios Rubio y Hegseth miraron a todos los senadores a los ojos hace unas semanas y dijeron que no se trataba de un cambio de régimen… ahora vemos que mintieron descaradamente al Congreso». Kim argumentó, en la declaración, que Trump rechazó el proceso constitucional «porque la administración sabe que el pueblo estadounidense rechaza abrumadoramente los riesgos de arrastrar a nuestra nación a otra guerra».
El representante James Walkinshaw, demócrata por Virginia, fue aún más contundente al resumir la acción en declaraciones a TheNation.com: «La guerra de cambio de régimen de Trump en Venezuela es totalmente ilegal y una traición más a los compromisos que asumió con el pueblo estadounidense. Dijo que no habría ‘nuevas guerras estúpidas’. Está iniciando nuevas guerras estúpidas».
Esta sensación de engaño fue compartida por el representante Mark Pocan, quien, según TheNation.com, advirtió que el presidente «ha ignorado la Constitución» y que su actuación «continúa degradando el estado de derecho».
Escepticismo y la sombra del derecho internacional
Las críticas no se limitaron al partido demócrata. Inicialmente, el senador republicano Mike Lee expresó públicamente su preocupación constitucional en redes sociales, como reportó TheNation.com: «Espero saber qué, si hay algo, podría justificar constitucionalmente esta acción en ausencia de una declaración de guerra o autorización para el uso de la fuerza militar».