Por Jorge I. González
Abogado Panameño. Estudios especializados en Derecho Internacional y Derecho Administrativo.
La guerra de agresión de la alianza anglo norteamericana sionista israelí en contra de la República Islámica de Irán, cumple, al momento del presente artículo, su cuarta semana. Estados Unidos e Israel no han cumplido sus metas proclamadas el 28 de febrero de 2026, inicio de la agresión aérea, siendo estos el derrocamiento del sistema político iraní, la destrucción de su capacidad balística y la rendición del país al contubernio imperialista. Irán resiste una campaña militar de dos potencias que en el ordenamiento internacional se conoce como agresión, esto es, el uso de la fuerza contra un estado, por otro u otros, de manera contraria a la Carta de las Naciones Unidas, principios y normas, del Derecho Internacional Público.
En los últimos años, la vorágine bélica de Estados Unidos implicó la invasión a Libia, la intervención en la guerra civil de Siria, el prrimer bombardeo a Irán en 2025, el apoyo a Israel en el genocidio palestino, la agresión militar contra Venezuela, el bloqueo naval a Cuba, las amenazas contra Panamá, Colombia, México, Canadá, Groenlandia, así como la hostilidad contra China. La estrategia de Donald Trump y aliados neocons, libertarios, sionistas, junto a sus adláteres a escala internacional, responde a una contra ofensiva que busca contrarrestar, mediante la fuerza, los avances históricos de las fuerzas progresistas en el fortalecimiento de los estados nacionales, en respuesta a las ex potencias coloniales y neo colonialistas, sobretodo, EE.UU, con corporaciones sedientas de las riquezas del sur global.
El sistema de las Naciones Unidas surgido en la segunda post guerra mundial tras la derrota del nazi fascismo, pese a sus defectos, contiene unos mínimos en pro de la auto determinación de los estados, fruto de las luchas de liberación nacional. La agresión contra Irán constituye una total violación del derecho internacional, específicamente, la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 2, numerales 3 y 4, exhorta al uso de métodos pacíficos para dirimir las controversias, y evitar la fuerza contra la integridad e independencia de cualquier estado. La guerra preventiva de EE.UU desde su invasión a Iraq, en 2003, aplicada ahora a la vecina Irán, no se ajusta a derecho. Irán fue atacado por sorpresa, sin declaración de guerra y en medio de negociaciones. Contra Irán han sido cometidos delitos internacionales, como agresión, lesa humanidad y crímenes de guerra, entre ellos, el asesinato de 160 niñas iraníes por bombas made in USA.
El Derecho Internacional está bajo el ataque sistemático. Los preceptos que rigen las relaciones internacionales han sido sistemáticamente saboteados por EE.UU. en su agresión a los gobiernos multilateralistas. El esquema de un mundo de reglas que procuren un elemental respeto a la integridad de las naciones, quieren reemplazarlo por el mero poderío del más fuerte, sin condicionamiento moral o legal, retrotrayendo a la humanidad al imperialismo clásico del siglo 19 y comienzos del siglo 20.
El gobierno panameño presidido por José Mulino debe abandonar el alineamiento con el militarismo de Trump, pues compromete la personalidad internacional del estado (425 del Código Penal de la Rep. de Panamá) y expone la seguridad del país ante las aventuras de Washington. El gobierno debe enarbolar la neutralidad y rechazar la fuerza unilateral en lo internacional. La presencia militar norteamericana que contempla el memorandum con EE.UU, de 2025, colisiona la Constitución Política de la República de Panamá, que en su artículo 310 dice “La República de Panamá no tendrá ejército”, y en el artículo 325, establece que todo acuerdo sobre la protección del Canal debe someterse a ratificación parlamentaria y consulta popular. No se ha respetado. El “Escudo de las Américas” de Trump y Marco Rubio, es contrario al espíritu de nuestra Constitución y ajeno al interés del pueblo panameño, deseoso de paz y progreso.
Desde el foro jurídico demandamos el cese de la agresión contra Irán, el fin del bloqueo petrolero a Cuba, el respeto a la autodeterminación de Panamá y las naciones de América Latina, incluyendo a Venezuela, el castigo a los líderes anglo sionistas responsables de genocidio en Gaza, y en general, el seguimiento pleno al Derecho Internacional Público. La transformación del sistema internacional debe ser obra de la construcción progresista de los pueblos y no la consecuencia reaccionaria del expansionismo y unilateralismo hegemónico.