Defender la libertad de expresión pidiendo censura… ¿cómo es eso?
Por Clodovaldo Hernández
La lucha por la libertad de expresión que desarrollan algunas organizaciones no gubernamentales da unos giros paradójicos, por decirlo suavemente. Por ejemplo, estos defensores del derecho de las personas a decir lo que piensan a veces piden que se censure a alguien. ¿Raro, no?
Recientemente, varias de estas ONG fueron ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lograron que esas entidades internacionales emitieran unos comunicados criticando el contenido del programa Con el mazo dando, del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a quien acusan de “intimidar y difamar” a los activistas de aquellas organizaciones.
Señalan los relatores de derechos humanos que en ese programa se aplican “represalias televisadas” y se realizan “comentarios despectivos” sobre los directivos de las ONG.
La CIDH, los relatores de libertad de expresión de la ONU y las ONG vienen librando desde hace años una batalla para derogar los artículos de los códigos penales de diversos países, incluida Venezuela, en los que se tipifican delitos como difamación, injuria, calumnia y vilipendio por considerar que son restricciones a la libertad de expresión. Esos mismos organismos y personajes suelen defender y presentar, como si fueran víctimas de unas leyes anacrónicas, a dueños de medios y periodistas que han sido denunciados y en algunos casos procesados por tales hechos punibles, no solo –dichos sea de paso- contra personas dotadas de poder político, sino también contra ciudadanos particulares y organizaciones sociales. Incluso, cuando el propio Cabello ha demando judicialmente a personas que lo han señalado como capo de un cartel de narcotraficantes, las ONG y los organismos internacionales han calificado su acción como violatoria de la libertad de expresión y de prensa. ¿Quiere decir esto que solo los individuos que figuren públicamente como defensores de la libertad de expresión tienen derecho al honor y la reputación? No parece algo coherente en una sociedad democrática.
El argumento más sólido que suelen presentar los que defienden esta posición es que los agentes de la lucha por los derechos humanos (entre estos, la libertad de expresión) requieren de especiales consideraciones debido a la delicada tarea que han asumido como misión de vida. Es necesario que la sociedad impida que los funcionarios afectados por sus denuncias puedan desquitarse utilizando su poder político. De acuerdo, pero eso es válido si se refiere a la forma clásica como las dictaduras y las falsas democracias suelen coartar el trabajo de los defensores de DDHH: matándolos, golpeándolos, actuando contra sus familiares… Ahora bien, si los funcionarios denunciados (en especial, los denunciados falsamente) se limitan a responder en el terreno de la polémica mediática, ¿hay que impedírselo también? ¿Desde qué punto de vista es democrático que alguien tenga derecho a denunciar (incluso falsamente, insisto) y que la parte denunciada esté obligada a callar (y a otorgar, en consecuencia)?
La razón fundamental por la que los directivos de ONG pretenden arrogarse el privilegio de la inmunidad mediática (“yo digo lo que quiera de quien quiera; nadie puede decir nada de mí”) no se refiere a cuestiones como la intimidad u otras del ámbito estrictamente privado, sino a temas que, en un riguroso análisis, la sociedad sí tiene pleno derecho a ventilar, como por ejemplo, el financiamiento de esas organizaciones, sus relaciones internacionales, sus líneas de mando dentro y fuera de Venezuela.
Las ONG no quieren que se toque ese punto porque es un aspecto cuestionable (a veces, muy cuestionable) de su existencia, una tara de nacimiento, un pecado original. Al debatirse públicamente de dónde sale el dinero para que funcionen, algunas de ellas quedan desnudas, deslegitimadas en su esencia porque ¿si una organización que se autodenomina “no gubernamental” es pagada por el gobierno de otro país, sigue siendo no gubernamental? ¿O es gubernamental de esa otra nación y antigubernamental en su propio país?
Si un defensor de derechos humanos es ridiculizado en un programa de la televisión pública porque fue a una fiesta, se pasó de tragos y dio la cómica, estamos en presencia de una vil difamación. Pero si ese mismo defensor sale del país a participar en una actividad patrocinada por un ente paraestatal de Estados Unidos, vinculado a la desestabilización más ramplona, como la National Endowment for Democracy (NED), si ese tipo de instituciones es la que pone el dinero para que su ONG exista, ¿tiene derecho a que eso se mantenga oculto, como si perteneciera a la esfera de su vida privada? Yo, particularmente, no lo creo. ¿Usted qué dice?
