¿Qué es el ‘caso Balda’, por el que han ordenado prisión preventiva contra el expresidente Correa? | Información al Desnudo

¿Qué es el ‘caso Balda’, por el que han ordenado prisión preventiva contra el expresidente Correa?

El exasambleísta fue secuestrado, por alrededor de una hora, en Bogotá (Colombia) en 2012. Balda culpa a Correa por este hecho. El caso se reabre en la Justicia de Ecuador seis años después, pese a estar prescrito desde el año pasado.

Correa

Rafael Correa, expresidente de Ecuador.

Este martes 3 de julio la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Daniella Camacho, ordenó prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, en la investigación que se le sigue por su presunta implicación en el caso del secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

¿Quién es Fernando Balda?

Balda es un político ecuatoriano que se unió en 2006 a las filas de Alianza PAIS, partido fundado por Correa ese mismo año. Formó parte de las juventudes del movimiento en la provincia de Guayas, en la costa de Ecuador.

Pero en 2008, por desacuerdos con la agrupación política, se separó y se alió al Partido Sociedad Patriótica (PSP), férreo opositor al gobierno de Correa.

En 2010 le fue dictada una condena de dos años de prisión por el delito de injuria no calumniosa grave, luego de una demanda que le inició el exadministrador de Seguros Sucre, Óscar Herrera Gilbert. A Balda se le acusó por unas declaraciones vertidas en la televisión pública en 2008, en las que decía que en la administración de Herrera se cometieron varios delitos, como arrogación de funciones, trampa en procesos de seguros, tráfico de influencias y que existía una mafia interna.

La residencia de Balda en Bogotá

Cuando se dictó la condena, Balda ya se encontraba viviendo en Bogotá (Colombia), desde donde realizaba una férrea campaña de oposición contra Correa.

Encontró en ese país apoyo y participó activamente en eventos de la Fundación Internacionalismo Democrático, presidida por el expresidente colombiano Álvaro Uribe; situación que ha sido reconocida por el propio exasambleísta.

El secuestro en 2012

El secuestro contra Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012. El político ecuatoriano fue raptado en una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, luego que una camioneta frenó a su lado y varios hombres lo subieron a la fuerza.

Según la Fiscalía de Colombia, el secuestro duró aproximadamente una hora; porque un taxista que vio la escena llamó a la policía y se inició de inmediato una persecución. Ante la insistencia policial, los captores abandonaron el vehículo con el secuestrado dentro y escaparon.

Balda responsabilizó de este acto al expresidente Correa. En declaraciones a la prensa en enero de este año dijo que el rapto “fue ordenado y ejecutado por el Ministerio del Interior, la Senain [Secretaría Nacional de Inteligencia] y altos mandos policiales” y que la “cadena de mando que ordenó y financió” ese secuestro “llega hasta el despacho del entonces presidente”.

La deportación de Balda

Dos meses después del secuestro, Balda fue deportado por las autoridades de Colombia. El Departamento de Migración de ese país justificó la medida tras recibir un pedido ecuatoriano para que fuera deportado, debido a que el exasambleísta tenía una sentencia condenatoria en su contra, la que le había sido dictada en 2010.

Además, Balda permanecía de forma irregular en Colombia desde el 5 de octubre del 2009.

A su llegada a Ecuador fue apresado para cumplir su condena pendiente.
Caso sentenciado en Colombia

La Fiscalía de Colombia investigó el caso del secuestro e inició el proceso de juicio contra cinco involucrados.

Con pruebas de video, testimonios e indagaciones, declararon culpables a Moisés Pérez, Luis Moreno, Yimmy Navia y Yajaira Valencia, a quienes les dieron 5 años de prisión, tras un acuerdo con la Fiscalía.

También fue sentenciado Hernando Uzuriaga, pero a una pena menor, debido a la colaboración que prestó al Ministerio Público.

Caso reabierto en Ecuador

En noviembre de 2017, Balda publicó un tuit donde decía: “Se vienen varios procesos judiciales que le pondrán boleta de captura Interpol a Rafael Correa”.

Dos meses después, el 23 de enero de 2018 la Fiscalía General de Ecuador reabrió el caso del secuestro de Balda. El político fue llamado al Ministerio Público a reconocer su firma sobre la denuncia que interpuso.

Esto pese a que, como indica el abogado penalista Gonzalo Silva, en entrevista con Ecuador Inmediato, el caso ya había prescrito en agosto de 2017, luego de haber pasado cinco años desde que fue cometido y no haber sido juzgado en el país, como establece el Código Penal que regía en 2012.

Tras la reapertura del caso, gracias a las aportaciones de la Fiscalía de Colombia, el Ministerio Público ecuatoriano ordenó la detención, en marzo pasado de Jéssica Falcón Querido, Jorge Armando Espinoza Méndez y Luis Raúl Chicaiza Fuentes, por estar presuntamente involucrados en el caso.

Chicaiza era miembro activo de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía de Ecuador al momento del plagio contra Balda y ha sido el protagonista en la presunta implicación de Correa. En su testimonio dijo que habló dos veces con el exmandatario sobre el secuestro; sin embargo, su abogado reveló, en declaraciones a Ecuador Inmediato, que “no tiene pruebas de presuntas llamadas de Rafael Correa”.

Antes de rendir testimonio, Chicaiza se reunió con el fiscal General encargado, Paúl Pérez, acción que fue denunciada por Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, puesto que viola el Código Orgánico de la Función Judicial.

La jueza Camacho, a pedido de la Fiscalía, vinculó al caso, posteriormente, al exsecretario Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, y el exdirector de Inteligencia de la Policía, general Fausto Tamayo.
La orden de prisión preventiva contra Correa

El fiscal Pérez, presentó varios “elementos de convicción” contra Correa ante la jueza Camacho, que la magistrada acogió y con ello vinculó al exmandatario al caso Balda:

  • Versión de Diego Vallejo, exasesor del entonces ministro del Interior, José Serrano, quien afirmó que, en 2011, Serrano le dijo que Correa había ordenado que trajera a Balda de Colombia. No habló de secuestro.
  • Cartas de Raúl Chicaiza a Correa, donde le dice que ha sido procesado en Colombia. “Lo único que pretendo es que escuche mi ruego y mi súplica, para que usted de una vez por todas se entere de esta irresponsabilidad, de lo que está sucediendo”, asegura en una de las misivas.
  • Dos cheques presuntamente “girados por la Presidencia” a favor de Chicaiza. Sin embargo, los cheques los emitió la DGI de la Policía, no la Presidencia.
  • Versión del exdirector de Inteligencia de la Policía, Fausto Tamayo, quien indicó que la Unidad de Gestión de Seguridad Interna rendía cuentas a la Presidencia. No menciona datos que permitan presumir la participación del exmandatario en el secuestro.
  • Versión de Rommy Vallejo, exasesor de seguridad de la Presidencia, quien sostuvo que su labor consistió en coordinar con la Policía de Inteligencia de Colombia (DIPOL) la ubicación de Fernando Balda, para su deportación. No refiere haber recibido alguna orden de secuestro.
  • Versión de Napoleón Vinueza, exagregado de policía de la embajada en Colombia, quien afirma que el agente Wilson Narváez le hizo conocer de la boleta de captura girada contra Balda. Habló de la deportación, no de ningún secuestro.

Además de otros elementos, que están más vinculados al proceso de deportación de Balda que al secuestro.

Tras vincularlo al caso, Camacho ordenó que Correa, quien reside desde el año pasado en Bélgica con su familia, se presentara cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador en Quito, a partir del 2 de julio.

Correa, en lugar de ello, se presentó ante la sede del Consulado de Ecuador en Bélgica. Acto que fue tomado por la jueza como desacato a la medida cautelar y terminó con la orden de prisión preventiva contra el expresidente, que será extendida a la Interpol para su captura y extradición.

Autoridades a dedo, según Correa

El expresidente Correa ha denunciado que las autoridades que lo acusan han sido “puestas a dedo”.

En este sentido, el fiscal ‘encargado’ Paúl Pérez fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ente que integran miembros propuestos por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea, luego de destituir a los antiguos miembros, que habían sido electos según lo establecido en la Constitución, mediante un concurso de méritos organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El titular del CPCCS Transitorio, César Truijllo, ha dicho públicamente que las decisiones del órgano “están a nivel” de la Constitución.

La designación de Pérez se hace luego que la Asamblea Nacional destituyera al fiscal Carlos Baca. El CPCCS Transitorio lo nombra pese a que el cargo ya lo había asumido, de acuerdo a la ley, Gen Rhea, quien estaba mejor puntuado en el concurso de méritos y oposición de fiscales provinciales, efectuado en 2016.

A la fecha el fiscal ‘encargado’ no ha sido posesionado ante la Asamblea Nacional, como establecen las leyes locales.

Antes del ‘caso Balda’, hubo intentos de involucrar al expresidente Correa en otros casos, como fue el de los nexos con las FARC y el crimen organizado, pero no han avanzado.

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Corresponsal para Información al Desnudo.

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