¿Por qué PROMESA es inconstitucional?

Desde la Diáspora

por Joel Colón Ríos  – lunes, 13 de marzo de 2017

Que Puerto Rico ha sido una colonia de Estados Unidos desde 1898, y que dicha relación colonial es y siempre ha sido inaceptable desde una perspectiva moral y política, no quiere decir que el Congreso de Estados Unidos tenga un poder legislativo absoluto sobre la Isla. Ser una colonia es estar sujeto a las leyes de otro país, pero eso no necesariamente implica estar sujeto a un poder legislativo ilimitado. Si el Congreso, por ejemplo, adoptara una ley que prohibiera la publicación de periódicos en la Isla, dicha ley sería inconstitucional por ser contraria a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Es decir, la idea de que “el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico” tiene que entenderse a la luz de que, en su calidad de asamblea legislativa, el Congreso está sujeto a diversos límites constitucionales. La pregunta es si la ley conocida como PROMESA violenta esos límites, es decir, si al adoptarla, el Congreso ejerció un poder que legalmente no tenía.

¿Qué pasaría si el Congreso adoptara una ley idéntica a PROMESA, pero aplicable a un estado? Si eso sucediera, uno esperaría que el gobierno estatal acudiera a los tribunales a reclamar la inconstitucionalidad de dicha ley. Dicho reclamo descansaría, al menos en parte, en el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de EEUU: “Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno…”. El Tribunal Supremo de EEUU ha expresado que la forma republicana de gobierno incluye “el derecho del pueblo de elegir a sus propios oficiales gubernamentales, y de adoptar sus propias leyes en virtud de un poder legislativo que descansa en instituciones representativas” (Duncan v. McCall, 149 U.S. 449, 461 (1891)). En el contexto de una ley como PROMESA aplicable a un Estado, el argumento principal del gobierno estatal probablemente sería que otorgarle a una Junta el poder de dejar sin efecto leyes adoptadas por una asamblea legislativa electa y el poder de requerir que la rama ejecutiva actúe de determinadas maneras, constituye una violación a la disposición constitucional antes citada.

Un escollo inicial que este argumento enfrentaría es que en una serie de casos (ver, por ejemplo, Luther v. Borden, 48 U.S. 1 (1849)) el Tribunal Supremo de EEUU ha expresado que dicha cláusula constitucional no es justiciable (determinación que ha sido puesta en duda en otros casos, así como en escritos académicos recientes). Superado ese -no insignificante- escollo, el argumento del Estado podría muy bien prevalecer y resultar en la invalidación de la ley en cuestión. Pero, ¿funcionaría ese argumento con respecto a la ley PROMESA que en estos momentos le permite a la Junta ejercer importantes poderes sobre Puerto Rico? ¿Aplica a los territorios la cláusula constitucional que le requiere al gobierno de EEUU proteger la forma republicana de gobierno en los Estados? Inicialmente, la respuesta parecería ser que no. En los Casos Insulares, el Tribunal Supremo sugirió que dicha cláusula no aplicaba en los entonces recién adquiridos territorios, pues los mismos no estaban listos para operar conforme a una forma de gobierno republicana (Downs v. Bidwell, 182 U.S. 244, 279 (1901)).

Sin embargo, ese razonamiento quizás ya no aplica a la Isla. Recordemos que mediante la aprobación de la Ley 600 en 1950, el Congreso autorizó a Puerto Rico a adoptar una constitución, siempre y cuando la misma estableciera una “forma republicana de gobierno” (48 U.S.C.A sec. 731(C)). Es posible que un tribunal determine que una vez el Congreso confiere dicha forma de gobierno a un territorio, pierde el poder de abolirla cuando le parezca conveniente. Esto es, que el reconocimiento de la capacidad del territorio de operar bajo un sistema de gobierno similar al de los Estados, activa la protección constitucional del Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de EEUU. Desde esa perspectiva, PROMESA sería inconstitucional por atribuirle a una entidad no electa poderes superiores a los del gobierno de Puerto Rico. Por supuesto, aun si esta conclusión algún día prevaleciera en un tribunal, la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos permanecería intacta, aunque sin PROMESA.

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