La paz colombiana: gratuita, barata o democrática | Información al Desnudo

La paz colombiana: gratuita, barata o democrática

La paz que necesita la sociedad

La paz que necesita la sociedad

Por: Campo E. Galindo

Aún existe el riesgo de que los diálogos de paz en La Habana puedan fracasar. El militarismo es una tendencia y una manera de asumir las contradicciones políticas que sigue presente en sectores del estado y de su contraparte en la mesa de negociación. Mientras falte sangre por derramar, todo puede ocurrir y el pan puede quemarse en la puerta del horno. La relación entre la política y la violencia no cesa en la vida colombiana, y como el gobierno acordó con las FARC que las conversaciones conducentes a la paz se desarrollaran en medio de las acciones bélicas, tocará esperar más fuego en Colombia hasta que no se estampe en Cuba la última de las firmas.

Hasta el momento, las negociaciones han resistido el peso negativo y los efectos perturbadores de las acciones armadas, pero el costo pagado por ellas ha sido muy alto en credibilidad. Amplios sectores de la población se mantienen apáticos al proceso de diálogos o por lo menos, no entienden la lógica, evidentemente militar, que subyace a una mesa de conversaciones entre adversarios que se disparan mutuamente. Si se hace un análisis de los resultados del proceso y las circunstancias bélicas, puede concluirse que negociada ya la mayor parte de la agenda, es mucho lo que hay para perder en caso de un traspiés cualquiera, y que la responsabilidad llama a asegurar los resultados alcanzados hasta la fecha.

El cese bilateral de hostilidades es un clamor que toma fuerza en la medida que se avanza en los acuerdos. Lo pidieron las víctimas directamente en la mesa de diálogos de La Habana y la mayoría de los movimientos sociales igualmente lo reclaman. El gobierno de Santos ha sido renuente a un cese de hostilidades bilateral porque cree que la historia es un ciclo repetitivo y lo persigue, como a los enemigos de la negociación, el fantasma del Caguán. Si se negocia en serio, el cese de las hostilidades tendrá su día y por lo tanto sus riesgos, que serán mayores mientras más se haya avanzado en los acuerdos. Una violación de ellos en materia militar, sería un fracaso definitivo que ya no habría tiempo de revertir.

Dada la irregularidad de la guerra y su complejidad territorial, la suspensión de acciones militares no será súbita sino mediante un proceso que también requerirá acuerdos. En forma paralela a las discusiones de los temas que quedan por tratar en La Habana, los negociadores tienen la obligación de afrontar responsablemente el asunto del cese de hostilidades, en un proceso de desescalamiento que haga más creíble el proceso y lo dote del ambiente político necesario para abordar la parte final de la agenda acordada. Cualquiera entiende que negociar un conflicto armado irregular, prolongado y tan complejo como el colombiano, exige la creatividad no solo de sus protagonistas sino de toda la sociedad que lo padece. Ningún cabo debe quedar suelto y mucho menos en el ámbito propiamente militar; es imperativo dar los primeros pasos; no sea que quienes han saboteado los anteriores intentos de pacificación se atrevan en ese terreno y tomen la delantera.

El comando de Transición que creó el presidente Santos, integrado por altos mandos de las Fuerzas Armadas para asesorar a la comisión gubernamental, debe abocarse prioritariamente a planificar un cese bilateral de fuegos, que si se cumple con éxito, allana el camino hacia el fin del conflicto, la dejación de armas y la incorporación civil de los insurgentes. Lo primero (como se dice en Antioquia) es traer las bestias, o sea silenciar los fusiles, y luego ensillarlas, o sea concluir la negociación y hacer el tránsito al llamado posconflicto.

Hasta aquí lo militar. En lo político, los riesgos que corre el proceso de paz provienen del esfuerzo continuado que hace la derecha uribista por deslegitimarlo ante la opinión pública y por crearle enemigos dentro de las Fuerzas Armadas.

La paz gratuita.

Precisamente el discurso del expresidente Uribe y sus huestes sobre la paz, invoca una supuesta negociación sin concesiones a los grupos guerrilleros, unos diálogos asimétricos donde el adversario rebelde renuncia a su condición de actor político y se transmuta en terrorista. Lo que propone el uribismo en lugar de una negociación política con la insurgencia, no es otra cosa que un sometimiento a la justicia. La justicia sería así, el único factor de transacción para lograr acuerdos con los alzados en armas, pues los temas políticos y socioeconómicos son privativos del estado y ponerlos sobre una mesa de diálogos significa en esa lógica, renunciar a la soberanía estatal y legitimar al adversario armado.

De esta manera, la idea que se vende al pueblo colombiano y a las víctimas del conflicto, es la mentira de una paz gratuita. La paz sin costos para la sociedad colombiana es una falacia doble. En primer lugar, porque a todas luces es irrealizable una negociación que no parta de reconocer el conflicto y el estatus político de la contraparte, y en segundo lugar, porque tiene debajo de la manga la carta de la prolongación de la guerra durante un futuro incierto, que necesariamente traería costos en más vidas, más inestabilidad y más recursos que quienes la defienden, no se dan el trabajo de calcular. Esa paz supuestamente gratuita, que promete una victoria militar para arrodillar a las fuerzas rebeldes en armas, tuvo ya su oportunidad fallida entre 2002 y 2010 en Colombia, pero tozudamente mantiene su pregón, y sus pregoneros persisten en ser gobierno y sacar adelante esa costosa aventura.

Como quien ha perdido ocho años, en vez de uno, el uribismo debería rectificar, aprender de su propia historia, además reparar a sus víctimas, contribuir con la verdad y así aportar a las tareas de la reconciliación de la sociedad nacional.

La paz barata.

La facción de la burguesía que hoy gobierna, se ha empeñado en sacar adelante la negociación con la insurgencia desde una óptica marcadamente realista de la política y la economía colombianas. Ha hecho lo políticamente correcto al negar que la paz tenga enemigos dentro del territorio nacional, pero enfatiza en una reconciliación nacional en función de las inversiones de capital y el crecimiento económico. En la misma línea de preservar los buenos indicadores y las utilidades del capital, insiste sin descanso desde el primer día de la negociación, que el modelo económico no es tema de las discusiones y se aferra a una interpretación lo más restrictiva posible de la agenda de diálogos pactada con las FARC. La comisión negociadora gubernamental ejerce una verdadera guardia pretoriana del modelo de explotación y de los intereses estratégicos del establecimiento, frente a los intentos de la contraparte por ampliar la agenda o darle por lo menos una interpretación más laxa.

Santos y su equipo entienden bien que la paz tiene costos, pero apuesta a que ellos sean mínimos y sobre todo, a que las condiciones generales del sistema económico y los equilibrios sociopolíticos básicos queden indemnes. Su proyecto es la paz barata, cosmética, mezquina, con unos costos recuperables en el mediano plazo cuya garantía depende de la prosperidad de los negocios. El presidente rehúye una discusión a fondo de los grandes problemas nacionales y ello explica en alguna medida su oposición cerrada a que la refrendación de los acuerdos de La Habana se tramite en una Asamblea Constituyente.

Nadie discute que Santos quiere pasar a la historia como el presidente que logró la paz. Pero no de cualquier manera. Quiere hacerlo como quien se sale con la suya, con su propia negociación y su propia paz barata, para mayor gloria de su estirpe y mayor relevancia en los libros de la futura historia oficial.

La paz democrática.

La guerra que vive la sociedad colombiana ha tenido como telón de fondo la ausencia del estado como espacio de tramitación de los conflictos sociales, pero al mismo tiempo su sobreactuación represiva cuando tardíamente ha intervenido esa conflictividad. Se trata de un desajuste estructural entre el estado y la sociedad que desde mediados del siglo pasado se expresó fundamentalmente en un conflicto armado que ninguna élite ni gobierno hasta hoy ha sido capaz de negociar. El estado ha sido un núcleo institucional estrecho, diseñado a la medida de los intereses minoritarios que defiende; esa estrechez no le ha permitido incluir a los grandes sectores de la sociedad nacional que dice representar, y por el contrario, se ha vaciado de legitimidad frente a las mayorías ciudadanas.

La vida política colombiana de las últimas décadas está marcada por un déficit de democracia que no entusiasma la participación en la vida pública, y ha propiciado la prolongación del conflicto armado con una inercia propia que tiende a convertirlo en elemento de nuestro paisaje. La violencia política al mismo tiempo, acalla cualquier debate ciudadano y distorsiona toda posibilidad de libre expresión, es decir, impide el tratamiento democrático de las contradicciones. De esta manera, la habitual resolución de los problemas a través de las armas, y el déficit de democracia que impera en la vida colombiana, conforman una unidad complementaria que hasta la actualidad no ha encontrado solución.

El conflicto armado, tanto su origen como su desarrollo, son indisociables del autoritarismo que ha predominado en el ejercicio político del estado y las élites que representa. La paz entonces, no puede llegar sino de la mano de la democracia; la paz colombiana será democrática o no será cierta y duradera. Ajustar las relaciones entre el estado y la sociedad, supone subsanar el déficit de democracia política, social y económica a través de un proceso de reconfiguración de las instituciones con participación ciudadana amplia. Ese sería resumido, el costo real de la paz.

Distinto de la paz duradera y sostenible, es agotar la agenda de negociación con la insurgencia, firmar acuerdos, dejar las armas y permitir que algunos excombatientes accedan a candidaturas políticas. Estos serían los costos menores que el establecimiento parece dispuesto a asumir, pero que no garantizan la paz cierta y de largo plazo que reclama la sociedad. La finalización de la guerra propiamente, lo que representa es una oportunidad, la mejor que hasta ahora habrán tenido los movimientos sociales en nuestro país para luchar por su ampliación, diversificarse y desarrollar sus influencias con un mínimo de garantías políticas y jurídicas.

Por ello, lo que suele denominarse “posconflicto” o período de transición, que habrá de lidiar con otras violencias no resueltas hasta ese momento, abrirá una nueva etapa de la lucha política alrededor de la materialización de los acuerdos firmados con las insurgencias y las reivindicaciones democráticas que los sectores sociales en lucha levanten durante la coyuntura. Será una transición disputada, donde el establecimiento seguirá jugando al minimalismo y el país democrático, a la ampliación del sistema político, a la expresión de nuevos actores y a la conquista del estado social de derecho donde quepa toda la sociedad nacional. De todos modos, las cartas no están echadas; ni siquiera la negociación tiene plenas garantías de éxito a estas alturas. Lo único cierto es que no puede haber paz gratuita, que lo que hoy se abre paso es la paz barata y que la única cierta y sostenible es la democrática.

Medellín, septiembre 8/14.

Sobre Campo Elías Galindo
Historiador - Magister en Planeación Urbana - Investigador Social.

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