La farsa del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) | Información al Desnudo

La farsa del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP)

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Luego que negociadores y ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la Cuenca del Pacífico se reunieran en Atlanta para ultimar detalles del radicalmente nuevo Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), es justo y necesario realizar un análisis sobrio. El mayor acuerdo regional de comercio e inversión de la historia no es lo que aparenta ser.

por Joseph Stiglitz 10 OCT 2015 – 9:54 PM – elespectador.com

Oirá mucho sobre la importancia que tiene el TPP para el “libre comercio”. La realidad es que este es un acuerdo para administrar las relaciones comerciales y de inversión de sus miembros –y para hacer esto en representación de los más poderosos lobistas de negocios de cada país–. No nos confundamos: es evidente que el TPP no gira alrededor del “libre” comercio.

Nueva Zelanda amenazó con retirarse del acuerdo debido a la forma en la que Canadá y EE.UU. administran el comercio de los productos lácteos. Australia no está contenta con la forma en la que EE.UU. y México administran el comercio del azúcar. Y EE.UU. no está contento con la forma en la que Japón administra el comercio del arroz. Estos sectores industriales están respaldados por significativos bloques de votantes en sus respectivos países. Y ellos representan sólo la punta del iceberg en términos de cómo el TPP implementaría una agenda que, de hecho, funcionaría en contra del libre comercio.

Para empezar, considere lo que hará el acuerdo en cuanto a ampliar los derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas, tal como nos dimos cuenta al leer versiones del texto de negociación que se filtraron. La investigación económica muestra claramente las razones por las que tales derechos de propiedad intelectual conducen, en el mejor de los casos, a que la investigación farmacéutica sea débil. En los hechos, existe prueba de que ocurre lo contrario: cuando el Tribunal Supremo invalidó la patente de Myriad sobre los genes BRCA, ello condujo a una expansión rápida de la innovación, lo que a su vez se tradujo en mejores pruebas de detección a menores costos. Ciertamente, las disposiciones del TPP van a restringir la competencia abierta y elevarán los precios que pagan los consumidores en EE.UU. y en todo el mundo –esto se constituye en un anatema para el libre comercio–.

El TPP administraría el comercio de productos farmacéuticos a través de una variedad de ostensiblemente arcanos cambios en las reglas, sobre temas tales como la “vinculación de patentes”, la “exclusividad de los datos” y los “productos biofarmaceúticos”. El resultado de esto es que a las compañías farmacéuticas se les permitirá alargar prácticamente –y algunas veces casi indefinidamente– sus monopolios de medicamentos patentados, así como mantener fuera del mercado a medicamentos genéricos más baratos y bloquear, durante muchos años, la introducción de nuevos medicamentos por parte de competidores “biosimilares”. Esta será la forma como el TPP administrará el comercio en lo que respecta a la industria farmacéutica.

Del mismo modo, considere cómo EE.UU. espera utilizar el TPP para administrar el comercio en el ámbito de la industria del tabaco. Durante décadas, las empresas tabacaleras con sede en EE.UU. han utilizado mecanismos de adjudicación para inversores extranjeros, los cuales fueron creados mediante acuerdos similares al TPP, para luchar en contra de regulaciones destinadas a frenar el tabaquismo, un flagelo que afecta la salud pública. Bajo estos sistemas de arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés: investor-state dispute settlement), los inversionistas extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales en arbitraje privado vinculante en casos de que se instituyan reglamentos que ellos consideran como un factor que disminuye la rentabilidad esperada de sus inversiones

Los intereses corporativos internacionales promueven el uso de los sistemas ISDS cuando ello se considere necesario, con el fin de proteger los derechos de propiedad donde no hay imperio de la ley y tribunales creíbles. Pero esa argumentación no tiene ningún sentido. EE.UU. está tras el mismo mecanismo en un mega-acuerdo similar con la Unión Europea, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, a pesar de que existen pocas dudas sobre la calidad del sistema legal y judicial de Europa.

Con toda certeza, los inversores –independientemente de donde estén ubicadas sus sedes principales– merecen protección frente a la expropiación o las regulaciones discriminatorias. Pero los ISDS van mucho más allá: la obligación de compensar a los inversores por pérdidas de ganancias esperadas puede y se ha aplicado incluso cuando las reglas no son discriminatorias y las ganancias se obtienen causando daños a la comunidad.

La corporación conocida anteriormente como Philip Morris está actualmente tramitando casos de este tipo en contra de los gobiernos de Australia y Uruguay (que no es socio del TPP) debido a que dichos gobiernos exigieron que los cigarrillos lleven etiquetas de advertencia. Hace unos años, Canadá, bajo la amenaza de una demanda similar, se retractó de introducir el uso de una etiqueta de advertencia que tenía una eficacia análoga.

Dado el velo del secreto que rodea el TPP, no está claro si el tabaco queda excluido de algunos aspectos de los ISDS. De cualquier manera, el tema más amplio continúa siendo el mismo: dichas disposiciones hacen que sea difícil para los gobiernos llevar a cabo sus funciones básicas – es decir, proteger la salud y seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y proteger el medio ambiente.

Imagínense lo que hubiese sucedido si estas disposiciones hubieran estado establecidas cuando se descubrieron los efectos letales del asbesto. En lugar de clausurar a los fabricantes y obligarlos a indemnizar a quienes sufrieron daños, bajo las disposiciones de los ISDS, los gobiernos hubiesen tenido que pagar a los fabricantes para que dichos fabricantes no mataran a sus ciudadanos. Los contribuyentes hubiesen sido gravados por doble partida –primero para pagar por los daños a la salud causados por el asbesto, y luego para pagar a los fabricantes por haber perdido ganancias cuando el gobierno intervino con el objetivo de regular un producto peligroso—.

No debería sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de Estados Unidos produzcan comercio administrado en lugar de libre comercio. Eso es lo que sucede cuando se cierra el acceso al proceso de formulación de políticas a las partes interesadas no empresariales —sin mencionar a los congresistas, representantes elegidos por los ciudadanos.

* Premio Nobel de Economía 2001.

Escrito con Adam S. Hersh, economista sénior en el Instituto Roosevelt que dirige Stiglitz.© Project Syndicate 1995–2015.

 

 Justicia imperfecta, paz posible

Algunos han criticado la “jurisdicción especial para la paz” acordada entre el Gobierno y las Farc porque no es perfecta y, por ejemplo, no prevé inevitablemente cárcel para todos los responsables de crímenes atroces.

por: Rodrigo Uprimny

Pero conviene recordar que la justicia transicional es siempre, parafraseando alguna expresión de Pablo de Greiff, el relator de Naciones Unidas sobre el tema, una justicia imperfecta para tiempos radicalmente imperfectos, y por ello no puede evaluarse con los estándares de la justicia ordinaria en tiempos de normalidad.

La justicia transicional busca enfrentar un legado de violaciones masivas a los derechos humanos derivadas de guerras o dictaduras. En esos contextos no es posible sancionar con las penas ordinarias a todos los responsables de atrocidades, ni esclarecer judicialmente todos los casos, ni reparar integralmente a todas las víctimas. No es posible entonces salir de esa situación de atrocidades masivas, reconstruir un Estado de derecho y honrar a las víctimas, con los instrumentos ordinarios de justicia. Son necesarios mecanismos especiales, como las comisiones de la verdad, formas especiales de justicia, programas masivos de reparación y la adopción de medidas que eviten la repetición de las atrocidades.

Si además se busca, como se está haciendo en Colombia, una salida negociada de la guerra con una guerrilla que no ha sido derrotada, entonces es necesario además que la fórmula de justicia adoptada permita la paz negociada. En esos contextos, cualquier solución que se adopte implica una armonización difícil, casi imposible, entre los imperativos de la justicia y las necesidades de la paz. Cualquier fórmula que se adopte podrá entonces ser criticada y dejará a algunos insatisfechos.

La justicia transicional es entonces imperfecta y no puede ser valorada con los estándares que gobiernan a la justicia en tiempos ordinarios. Debe ser evaluada conforme a los estándares, aún en construcción, que son apropiados para estas circunstancias extraordinarias y muy difíciles, y que pueden resumirse en lo siguiente: que las víctimas sean reconocidas y reparadas hasta donde sea posible, que la verdad sea esclarecida, que haya garantías de no repetición, y que los responsables de las atrocidades rindan cuentas de sus actos y reciban sanciones apropiadas.

Todo indica que la “jurisdicción especial de la paz”, según lo anunciado, se ajusta a esos estándares, pues excluye la amnistía para crímenes de guerra o lesa humanidad, con lo cual los responsables rendirán cuentas y recibirán sanciones, que son apropiadas: si no cumplen inmediatamente con sus deberes de verdad, desmovilización y reparación, tendrán cárcel. Y si cumplen con todo, tendrán una restricción efectiva de la libertad, acompañada de labores personales de reparación, como desminados. No es un sistema perfecto y aún faltan temas por definir; pero es realmente justicia; y con esta justicia imperfecta, acordada ya por las Farc y el Gobierno, la paz es posible.

Rodrigo Uprimny 26 Sep 2015 – 9:21 pm – Elespectador.com

* El autor es investigador en De justicia y profesor de la Universidad Nacional.

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