Detención de alcalde y esposa acusados de masacre contra estudiantes puede solucionar misterio | Información al Desnudo

Detención de alcalde y esposa acusados de masacre contra estudiantes puede solucionar misterio

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Marcela Belchior
Adital

Fueron detenidos en la madrugada de este martes 4 de noviembre, el alcalde licenciado de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, acusados de ordenar la masacre contra estudiantes normalistas el último 27 de septiembre. Agentes policiales y miembros del grupo narcotraficante Guerreros Unidos señalan a los dos como mandantes o autores intelectuales de los ataques que dejaron seis muertos, 20 heridos y 43 desaparecidos, mientras los jóvenes se desplazaban en la carretera hacia una manifestación estudiantil, en una localidad a 200 kilómetros de la ciudad de México.

La pareja fue capturada a las 2h30min de la madrugada, en una casa de un barrio pobre de la ciudad de Iztapalapa, zona este del Distrito Federal, mediante una operación del grupo de elite de la Policía Federal. El alcalde y la primera dama fueron enviados a la Subprocuradoría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para prestar declaración. Los dos son considerados las piezas clave para esclarecer la masacre y desvendar la desaparición de los 43 estudiantes que ya dura 40 días y moviliza a la población mexicana en busca de explicaciones. Hipótesis indican que los estudiantes habrían sido asesinados y cremados colectivamente.

Pareja habría ordenado ataques para evitar que los estudiantes obstruyeran encuentro político de María Pineda. Foto: Reproducción.

El último 22 de octubre, el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, llegó a confirmar a la prensa la responsabilidad de la pareja, conjuntamente con otras tres personas, por el misterio en torno del paradero de los jóvenes. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), policías de Iguala habrían llevado detenidos a los 43 estudiantes, los entregaron a agentes de policía del municipio vecino, Cocula, que a su vez los enviaron a integrantes del grupo narcotraficante Guerreros Unidos.

Según las investigaciones policiales, el alcalde habría ordenado la masacre para evitar que los estudiantes impidieran un acto político de su esposa, que iniciaba su campaña electoral para sucederlo en el cargo de Jefe del Municipio de Iguala. En julio de 2013, normalistas habían protestado ante el Gobierno Municipal de Iguala a causa del asesinato de integrantes de la organización mexicana Unidad Popular. En el momento de los ataques, la pareja participaba en una fiesta que reunía a aliados políticos.

La orden de parar a los normalistas, bloqueando el camino y evitando el desplazamiento de los ómnibus que transportaban a los estudiantes, habría llegado a través de la radio. Después de la masacre, Abarca afirmó no saber nada, dichos que repitió durante los tres días posteriores. El 30 de septiembre, el alcalde pidió licencia de su cargo y huyó con su mujer.

Manifestaciones de la población exigen esclarecimiento del caso. Foto: La Prensa.


Involucramientos en el delito

Dos hermanos de María Pineda trabajaban para el cartel narcotraficante de los hermanos Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor Beltrán Leyva, organización criminal que operó desde 2008 a 2014, pero que fueron asesinados en 2009, acusados de traición. Cinco días después de la masacre de Iguala, fue detenido Héctor Beltrán.

Desde el día de los ataques, ya fueron detenidas más de 50 personas para prestar declaración sobre el caso. Los primeros testimonios condujeron a las fosas clandestinas, donde fueron encontrados por lo menos 30 cuerpos incinerados. Inicialmente la pericia forense descartó la posibilidad de que se tratara de los restos mortales de los estudiantes secuestrados. Días después, sin embargo, el fiscal Murillo Karam alertó sobre la probabilidad de manipulación de los resultados por la Procuraduría de Guerrero.

Los familiares de los 43 desaparecidos descartaron las investigaciones judiciales sobre las fosas clandestinas y afirmaron que sólo confiarán en pruebas levantadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colabora en el caso a pedido de los padres y de las madres de los estudiantes. La expectativa es que los primeros resultados sean divulgados la próxima semana.

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